En esta misma semana el Instituto Federal Electoral (IFE) llevará a cabo la Asamblea plenaria en donde se debatirá el dictamen aprobado por la Comisión de Fiscalización de los partidos políticos, que preside el consejero Alonso Lujambio con la oposición del consejero Jaime Cárdenas, quien se resiste a que se dé carpetazo a la denuncia hecha por el PRI y respaldada por el PRD, en cuanto al financiamiento procedente de Estados Unidos que recibió el entonces precandidato Vicente Fox. Dineros de distintos orígenes, que no fueron situados directamente en una cuenta de los "Amigos de Fox", que promovían la campaña, sino triangulados a través de diversas transferencias de empresas reales o inventadas que al parecer manejaban la señora Carlota Robinson y el señor Lino Korodi.

En respuesta a mi artículo de hace ocho días, el consejero electoral doctor José Barragán Barragán a través de "la columna del lector" nos aporta su valiosa información en orden a respaldar la decisión de la Comisión de Fiscalización y explicándonos lo que, en su concepto, es la razón que justifica la abstención del IFE para entrar al conocimiento de la denuncia referida. Con credenciales más que suficientes como jurista y persona de impecable trayectoria en su desempeño en el Instituto, el estimado doctor Barragán concluye: "En suma se trata de conductas y hechos que, por haberse efectuado fuera de las etapas formales y legales, no pueden ser competencia de nosotros. El IFE no podría, a la luz de la ley vigente, sancionar a los amigos de quien, llegados los plazos formales, sería el candidato del PAN, por la misma razón que ahora mismo no podría el IFE impedir ni sancionar a quienes aspiran a ser postulados candidatos formales por un partido con registro en el venidero 2006 y la de sus amigos en favor de dicha eventual postulación".

Nada nos dice el consejero José Barragán seguramente por razones de espacio que

yo mismo padezco en esta y mi anterior colaboración, el que la Comisión de Fiscalización del IFE haya solicitado a las autoridades hacendarias y sus organismos responsables del control de la banca, información sobre los movimientos bancarios en dólares, y que dicha información se las haya negado "olímpicamente" al IFE no por razones del tiempo en que las transferencias fueron hechas, sino por una formalidad como la que ahora aduce el IFE para no seguir la indagatoria y conclusión sobre el flujo de recursos de procedencia extranjera para fines electorales, que no es otra que la de no considerar al IFE autoridad facultada para requerir información a la Comisión Nacional Bancaria.

De esta suerte, ni Hacienda ni el IFE nos darán a los mexicanos, empezando por los mismos panistas de buena fe que deben estar interesados en esta aclaración, información alguna acerca de un hecho de tal gravedad que no sólo pone en riesgo la soberanía del país, sino el mismo futuro de la democracia donde, por falta de facultades explícitas, el IFE siempre estará limitado y será omiso en la defensa de los procesos electorales, libres de sospecha de intromisión o colusión con extranjeros interesados en inyectar dinero a México para dirigir su destino político.

Este caso me recuerda la viril y ejemplar renuncia que en tiempos de López Portillo hiciera el siempre gratamente recordado maestro Emilio Krieger Vázquez, como magistrado del entonces Tribunal Federal Electoral que reducía su actuación al marco de una ley reglamentaria que lo hizo un órgano ineficaz e inútil para lograr la justicia electoral, al grado que su extinción se hizo inminente. El maestro Krieger argumentaba, con razón, que si la defensa y custodia de la libertad y respeto del sufragio no se hacía a partir de los principios constitucionales y su finalidad de dar sustento de legitimidad a la autoridad, era una burla la autolimitación a la que el Trife se sometía al ceñirse a una ley secundaria hecha al propósito de guardar las apariencias y no entrar al fondo de preservar la garantía

soberana y primaria de lograr que el voto no proceda sino de un acto libre y voluntario; jamás inducido subrepticiamente mediante la inversión de caudales de dinero de dudoso origen, que vician e invalidan el proceso electoral mismo, y con mayor razón, si los referidos recursos, en la precampaña o en la campaña proceden del extranjero.

En tal virtud lo que yo sostengo es que el IFE puede seguir la suerte del Trife, si después de lo logrado se duerme en sus laureles y abdica en el ámbito de su competencia, aunque fueren limitadas sus facultades formales del compromiso de defender la democracia electoral integralmente, escudándose para el no enjuiciamiento de los aspectos más delicados y difíciles, de la garantía de imparcialidad e igualdad en la contienda comicial, en el tema de "temporalidad" que, aunque la ley la reduzca en términos de calendario electoral, la recta interpretación de la finalidad de la ley y de la función que se desempeña en el marco Constitucional, lo obligaría a llegar a fondo aún a riesgo de alguna extralimitación, que en todo caso puede ser recurrible por quien se sienta afectado, y no de una omisión y defecto grave que pone en riesgo hasta la verdadera intención del órgano que todavía disfruta de la más alta credibilidad y confianza del pueblo.

Tal vez por lo pronto, con una simple, pero digna exhortación al partido en cuestión y al propio Vicente Fox para que rindan cuentas al pueblo de lo que, evidentemente, se percibe como transacciones ilícitas, tanto más si se guarda silencio sobre ello. El IFE saldría airoso en el resguardo del más alto e inexcusable interés público ejerciendo la indiscutible competencia que tiene en la materia electoral, aunque no con facultades para sancionar, que es distinto. Todo, menos desertar a la hora de la verdad.